El ominoso asesinato del joven Alexander Martínez Gómez, de 16 años, es uno más en el rosario de eventos donde policías ejecutan a ciudadanos al puro estilo del crimen organizado y a bordo de vehículos oficiales en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.
La relación entre narcotráfico y gobiernos está añejamente documentada en México. Enlos últimos años, el caso paradigmático es el cártel de Sinaloa, cuyos juicios en Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente Zambada Niebla, y otros integrantes del grupo delictivo, han exhibido la corrupción de presidentes de México, corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad pública.
En Oaxaca, hasta los primeros años del nuevo milenio, se hablaba de pactos que permitían que los señores del narco locales transitaran en discreto amasiato con el poder político mientras entre ellos determinaban, en sus tajantes términos, rutas, grupos, sembradíos, empresas, terrenos, candidaturas, despachos…
Hoy parece no haber línea divisoria entre el poder político, la delincuencia organizada y algunos despachos fiscales en el estado, sobre todo en los asolados municipios de Valles Centrales, Cuenca, el Istmo y la Costa; de ello dan cuenta los hechos y testimonios que son difíciles de ocultar en el pueblote que aún es Oaxaca.
Algunos medios electrónicos informan, pero esas letras parecen enterrarse con los cadáveres que esparce la complicidad que es capaz de comprar la mafia en el estado.
En el lejano 2010, el hoy defenestrado extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptaba que (en ese entonces) el narcotráfico sobornaba mensualmente con mil 300 millones de pesos a los agentes municipales del país.
Alexander
El pasado 9 de junio, un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa (Cuenca), asesinó con un escopetazo en la cabeza a un menor de 16 años, cuyo pecado fue ir en moto con unos amigos a comprar un refresco para acompañar una pizza familiar.
Pero en ese municipio, lo ominoso es regular y respaldado tanto por la Secretaría de la Seguridad Pública Estatal (SSPO) como por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
El caso de Alexander cobró relevancia por las recientes protestas en Guadalajara por el abuso policial contra Giovanni, el movimiento BLM (Black Lives Matter) y el hecho de que la madre de Alexander logró viralizar el video donde denunció el asesinato de su hijo menor (que además tenía nacionalidad estadounidense) a manos de un agente municipal.
Tres semanas antes, el 15 de mayo, policías de ese mismo municipio ejecutaron a seis personas, sin que mediara enfrentamiento alguno. La ejecución (no combate) quedó grabada gracias a un lente ciudadano, cuya liga les integro en esta columna:
Aún con el video circulando profusamente en el estado, tanto la SSPO como la Fiscalía emitieron sendos boletines mintiendo abiertamente a la opinión pública, donde quedó asentada como versión oficial que un grupo conformado por la Policía municipal y la Policía estatal respondieron la agresión de delincuentes y los abatieron, resultando de ello seis sicarios asesinados y ningún elemento de Policía herido.
Reitero por la gravedad de los hechos:
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado mintieron al informar que, en medio de un enfrentamiento, policías estatales (a su mando) y municipales de Acatlán de Pérez Figueroa abatieron a seis delincuentes; como evidencia hay un video donde se escucha cómo elementos policiacos ejecutan a balazos a los presuntos delincuentes.
La muerte del menor Alexander a manos de policías de ese municipio cuenqueño exige una profunda y exhaustiva investigación a manos del poder federal, que analice la tragedia que sufre la Cuenca oaxaqueña: los cientos de asesinatos (en plena calle, en céntricos comercios, a la luz del día), los homicidios múltiples; las desapariciones forzadas; el descubrimiento de cadáveres tirados en caminos, rancherías; abandonados tanto en ranchos como en baldíos; las fosas clandestinas; los policías estatales que siguen en activo después de haber sido grabados robando ranchos a bordo de patrullas; las narcomantas y narcovideos que integran nombres y apellidos de personajes políticos y los vinculan con actividades ilícitas de toda la región, no solo de municipio de Acatlán.
Pero la Cuenca no es la única región afectada: municipios del Istmo de Tehuantepec, Costa y Valles Centrales también están siendo azotados por ese sangriento fantasma que recorre Oaxaca dejando miles de muertes.
En el punto 3 de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió: ‘Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado’.
Asesino serial de mujeres
Al cierre de esta columna, se dio a conocer en Oaxaca el hallazgo (en Tuxtepec, también municipio cuenqueño) de una fosa clandestina con los restos de tres jóvenes mujeres y la detención de su probable asesino serial.
Tan solo entre enero y junio de 2020 han desaparecido 118 mujeres en la entidad, de acuerdo con el estudio ‘Nos faltan 800 desaparecidas durante el gobierno de Alejandro Murat’, contabilizado por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
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