Oaxaca no es la excepción. También aquí se percibe un monumental fracaso en la lucha contra la corrupción que se libra en México.
En el estado, la Fiscalía Anticorrupción (FA) tiene, en papel, la pretensión y posibilidad de recuperar alrededor de 3 mil millones de pesos y una numeralia de trabajo impresionante (alrededor de 5 mil investigaciones radicadas), sin embargo, los resultados de esta Fiscalía se pueden describir como del todo irrelevantes para la opinión pública estatal.
Ninguna derrota es huérfana. Hay razones, claro, argumentos y actores a los que la historia dará su peso justo. Y por ese motivo, deben quedar escritos.
Los señalamientos del fiscal anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, son precisos: apuntan a la Fiscalía General de Oaxaca por negligencia y falta de voluntad política; y en el paquete de displicentes también entran el Poder Judicial del Estado, la Secretaría de Finanzas estatal y el Congreso Local.
Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del estado y su oficial mayor, Severino Rojas Lázaro, no otorgan al ente Anticorrupción autonomía presupuestal, violentando así la normatividad en la materia; además, se les redujo en casi el 50 por ciento el personal.
“Recibí la FA con 46 personas y ahora tengo 26… ese personal tiene que hacer frente a más de 3 mil investigaciones”:
Jorge Emilio Iruegas Álvarez
Fiscal anticorrupción de Oaxaca
En Oaxaca, los imperceptibles resultados del combate a la corrupción se vinculan con la falta de autonomía presupuestal y dilación en concretar la extinción de dominio, lo que permitiría recuperar por lo menos mil millones de pesos y con ello ser autosuficientes en materia presupuestal… para el próximo año la FA está requiriendo 36 millones.
Municipios oaxaqueños, decenas de miles de millones sin regulación
La pobreza y miseria en la que sobreviven más del 60 por ciento de la población en el estado de Oaxaca es cosa sabida en México; lo que pocos saben es que los 570 municipios que componen la entidad reciben miles de millones de pesos y mantienen una regulación muy laxa. La inmensa mayoría (algunos muy pequeños) ni siquiera cuenta con contraloría interna.
La FA solo llega a conocer los desvíos municipales cuando las autoridades entrantes son de un grupo político rival… aun con ello, la corrupción que se ha denunciado por las mismas autoridades es descomunal: del orden de unos mil millones de pesos.
Las conveniencias
Fortalecer la lucha contra la corrupción no es una prioridad para los Gobiernos. En los hechos, la evidencia afirma lo contrario: les quitan presupuesto, frustran su autonomía, siembran amigos. Cuando no se aprecia complicidad entre las Fiscalías Anticorrupción y los gobiernos estatales, el show es de una pugna soterrada.
¿A qué Gobierno le conviene fortalecer la lucha contra la corrupción si la política se percibe, desde hace decenios, más como un negocio de tráfico de intereses que como una lucha por la justicia social?
