Las universidades deberían optar por tomar las denuncias públicas como lo que son: un llamado de atención; el hartazgo de sus alumnas.
El pasado 28 de junio la institución universitaria Ibero Puebla fue protagonista de una denuncia pública por parte de varias de sus alumnas. La acusación era clara: a pesar de reconocer que la universidad sí había dado seguimiento a la denuncia colectiva en contra del estudiante Miguel N., la autora de una de las publicaciones señalaba que la sanción dictada a su agresor no había sido respetada y que había sido revictimizada en el proceso de denuncia institucional.
La universidad @IberoPuebla tiene mi testimonio y el de otras 9 víctimas de este hombre. pic.twitter.com/M2MvatQ123
— Argelita tisú (@argelcamacho) June 28, 2021
El caso de Miguel N. es uno de aquellos en que no se puede hacer suficiente énfasis, al tratarse de un estudiante que, tan solo al interior de la comunidad universitaria, agredió a diez alumnas, las cuales, alrededor de agosto – septiembre de 2019 habían comenzado un cansado proceso para denunciarlo dentro de la institución.
La autora de la publicación inicial (tanto en Facebook como en Twitter) señala en esta que uno de los principales problemas es la visibilidad y legitimidad que se le proporcionó al agresor en la edición virtual de graduaciones del 2021 de dicha universidad donde, como al resto de lxs alumnxs que egresaban, se le permitió aparecer en las fotografías y dar un mensaje de agradecimiento a ‘las personas y la institución que lo protegen’.
Ese mismo día, pocas horas después de que el testimonio de la alumna rondara en diversas redes sociales, la universidad emitió un comunicado en Twitter. La respuesta de la institución hacía énfasis en que la Ibero Puebla había cumplido con su responsabilidad en el caso, para el cual se ‘establecieron medidas de justicia restaurativa‘ a pesar de que ‘los hechos ocurridos no sucedieran en el ámbito universitario’.
Deficiencia de la respuesta institucional
Más allá del debate preexistente acerca del uso del escrache en situaciones de violencia de género, me gustaría hacer hincapié en la deficiencia de la respuesta institucional de la gran mayoría de universidades que se enfrentan a esta ola de denuncias públicas por parte de sus estudiantes. Los comunicados suelen emitirse desde una línea discursiva defensiva que dificulta tender puentes de diálogo con quienes forman parte de su comunidad universitaria.
En muchas de estas respuestas llegamos a encontrarnos con universidades que consideran que estas situaciones de violencia rebasan sus responsabilidades al no ocurrir en su institución, a pesar de ser agresiones que sí suceden entre sus alumnxs, profesorxs, coordinadorxs, personal administrativo, etcétera.
En el caso específico de Miguel N., se trata de diez alumnas que formaban parte de la institución, la mayoría de ellas incluso compartía la misma beca por la que el agresor era beneficiado económicamente para poder estudiar en dicha universidad: la beca Pedro Arrupe, la cual cubre el pago total de colegiaturas a estudiantes de comunidades rurales o indígenas, así como los gastos de titulación.
A pesar de que las agresiones entre personas de la misma universidad no ocurrieron en las instalaciones de esta, es responsabilidad de la institución responder por las relaciones desiguales o violentas que se tejen en su interior. Sobre todo cuando dichas relaciones se desarrollan al compartir apoyos, clases, talleres y otros espacios de crecimiento académico que como institución estás generando.
La promesa de la justicia restaurativa
Por otro lado, de acuerdo al comunicado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se procuró solucionar el caso a partir de medidas de justicia restaurativa. Sin embargo, por definición, la justicia restaurativa persigue la reparación del daño que sufrió la víctima: aunque efectivamente es una respuesta a las medidas tradicionales punitivistas que se concentran en castigar a lxs agresorxs, el primer principio de este enfoque de justicia es que las medidas deben enfocarse en quienes experimentaron las violencias de primera mano.
Entre las medidas de justicia restaurativa más comunes encontramos la asunción de responsabilidad por parte del agresor, así como las disculpas públicas o la protección a las víctimas durante y después del proceso de denuncia. Medidas que las alumnas no reconocen que se hayan promovido en su totalidad por parte de la universidad, por lo que, considerando que la medida de la justicia restaurativa es la reparación del daño para con la víctima, es problemático que una institución asuma que existió un proceso bajo estos estándares cuando las víctimas directas lo niegan.
Las denuncias son un llamado de atención
Quisiera señalar nuevamente que en lugar de juzgar las denuncias públicas desde el escrutinio de las denuncias institucionales, las universidades deberían optar por tomarlas desde lo que son: un llamado de atención. Más allá de si la denuncia pública es una forma legítima de denuncia institucional o no, lo que es indiscutible es la responsabilidad de las universidades de escuchar el hartazgo de sus alumnas, de procurar reparar el malestar al interior de su institución, de mejorar sus medidas de prevención y atención de las violencias de género, así como de mejorar sus instancias de denuncia formal, con las cuales sus estudiantes se encuentran evidentemente insatisfechas.
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