El decreto de la Ley de Amnistía, firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la tarde ayer.
Debido a la pandemia mundial de COVID-19, la legislación fue aprobada con la finalidad de prevenir contagios en las cárceles federales del país. Este jueves entró en vigor dicha iniciativa que beneficiará la liberación de personas que no cometieron delitos graves y en situación de extrema vulnerabilidad.
La Ley de Amnistía favorece a mujeres acusadas del delito de aborto y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores que conocieran su lengua.
Así como a personas sentenciadas, no reincidentes, en distintos supuestos; por ejemplo, por delitos contra la salud (posesión y consumo de drogas en ciertos casos), por robo sin violencia, y sedición, es decir, el intento de derrocar a un gobierno, o cualquier otro delito por razones políticas, salvo en casos de terrorismo.
Para la evaluación de las solicitudes que se presenten para ser beneficiarios de esta ley, el Ejecutivo Federal creará una comisión encargada de vigilar la aplicación de esta legislación.
Recordemos que esta ley generó una de las principales polémicas en el gobierno de AMLO y permitirá la liberación de alrededor de 6 mil 200 personas que cometieron delitos menores por única vez.
La Ley de Amnistía combatirá un añejo problema de injusticia social, ya que facilita la liberación de indígenas que fueron detenidas, juzgadas o condenadas sin el respaldo de abogados públicos y gratuitos, a lo que se supone tienen derecho.
El diputado Armando Contreras señaló que en 2019 en esas condiciones se encontraban alrededor de 8 mil indígenas en cárceles en todo el país.
Los criminales reincidentes, que hayan cometido abuso o violencia sexual contra menores; que participen en organizaciones criminales y hayan cometido homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y trata de personas, no serán beneficiados con esta ley.
Tampoco podrán salir personas condenadas por robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, delitos vinculados a hidrocarburos y desaparición forzada de personas.
Con información de Forbes, Infobae y Actualidad RT
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