Luego de que comenzara la contingencia por COVID-19 en México, algunos estados y municipios decidieron decretar ley seca para frenar el aumento en los casos de violencia contra las mujeres; sin embargo, ¿esta medida ha sido efectiva?
En Yucatán, un informe del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública reveló que las denuncias al 911 por agresiones en contexto familiar disminuyeron inmediatamente después de que se restringiera la venta de bebidas alcohólicas en la entidad.
En ese estado, la violación a la ley seca está penada con hasta seis años en prisión y 200 días de multa, conforme al Código Penal.
Varios ediles afirmaron que, en algunos casos, la medida fue un éxito, pues los reportes al número de emergencias se redujeron a la mitad, no solo en casos de violencia contra la mujer o familiar, sino también accidentes de tránsito.
Sin embargo, activistas y organizaciones civiles afirman que esta estrategia, aunque puede ser efectiva, es insuficiente para atender la problemática, pues se requieren acciones con enfoque de género y derechos humanos para garantizar espacios libres de agresiones para el sector femenino.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, recordó que el consumo de bebidas alcohólicas no es la causa de la violencia contra niñas mujeres, ya que estas tienen orígenes que deben ser visualizados para poder erradicarlos.
Asimismo, la funcionaria enfatizó:
“No hay mecanismos que garanticen que realmente la mujer va a estar segura, con o sin alcohol, con o sin orden de protección, con o sin una medida cautelar para las mujeres (…) Ese me parece el problema y la falta de políticas públicas alternativas que podríamos estar implementando”
Por su parte, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que la pandemia requiere de acciones más asertivas, pues el número de homicidios dolosos contra mujeres no ha disminuido.
Asimismo, aseguró que las condiciones para que las víctimas denuncien son insuficientes, lo que ocasiona que los agresores cometan sus agravios impunemente.
Tania Robledo, directora de APIS, Fundación para la Equidad, resaltó que el Gobierno debe reconocer que necesita de la sociedad en general para poder combatir la violencia familiar y de género, pues carece de los conocimientos necesarios para cortarla de raíz.
De acuerdo con Robledo, es imperativo escuchar a las víctimas para conocer la problemática de fondo y construir estrategias que permitan evitar casos de agresiones:
“No estamos previniendo, estamos atendiendo esta problemática. Hay que generar estrategias de atención, hay que generar líneas de emergencia, hay que generar rutas legales y también emocionales que acuerden las decisiones de las mujeres, todo desde una visión de género en el marco de derechos humanos”
Con información de El Economista, El Diario de Yucatán y La Jornada
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