Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, indultaría a cinco mujeres presas acusadas de abortar como parte de las medidas de su administración para evitar el contagio exponencial de COVID-19 en las prisiones del estado.
Hasta el momento, Puebla cuenta con 330 casos de coronavirus confirmados, 40 decesos y 46 personas recuperadas, por lo que se posiciona como la quinta entidad más afectada por la pandemia.
Debido a lo anterior, Barbosa prevé que se otorgue un indulto o preliberación a la población penitenciaria más vulnerable a la infección.
Durante su conferencia matutina de este lunes, el gobernador señaló que se determinará el número de personas que podrá acceder a este beneficio, mismas que deberán cumplir con algunos requisitos, entre los que se encuentran:
- Haber cumplido parte de su condena
- Delitos no graves
- Personas mayores de 70 años
Barbosa precisó que hasta el momento se continúa analizando cuántos reos están en condiciones de obtener su preliberación:
“A través del director de Sanciones y Medidas, se hace un estudio de todos los detenidos en reclusorios con sanciones menores, a lo mejor, menores a dos años o tres años, que estén por delitos no graves y que sean mayores de 70 años de edad. Vamos a revisar”
Además, informó que al menos cinco mujeres presas podrían obtener su preliberación, pues se encuentran encarceladas por el delito de ‘homicidio por causa de parentesco’.
Aunque será hasta este martes 21 de abril que se integre el consejo para revisar el indulto aprobado en el estado en días pasados, Barbosa precisó que las féminas en cuestión fueron procesadas por perder el producto de su embarazo después de tres meses de gestación; es decir, por aborto.
Desde principios de agosto de 2019, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) firmó un decreto para liberar a las mujeres que se encontraban presas por haber interrumpido su embarazo, con el objetivo de dejar de criminalizar ducha práctica.
Aunque los legisladores advirtieron que para que esto se concretara podría pasar hasta un año, periodo en el que se revisaría cada caso, las activistas aplaudieron la reforma, pues el Código Penal de Puebla había dejado indefenso al sector femenino.
Lo anterior, debido a que la ley poblana establece una pena de uno a cinco años de prisión para quien aborte, a excepción de casos de violación, eugenesia, imprudencia o la vida de la mujer corra peligro por el embarazo.
Además, el Código Penal tiene serios vacíos que dejan vulnerables a las féminas, pues si una víctima de agresión sexual solicitara interrumpir su embarazo, esto solo podría efectuarse una vez que se dé por terminado el juicio de su violador.
Con información de Infobae, Expansión Política y Megalópolis
PORTADA: PEDRO MARRUFO/ARCHIVO CUARTOSCURO
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