La empresa Comercializadora y Mantenimiento Industrial Jamar fue acusada de haber estafado a doctoras por casi 700 mil pesos en plena pandemia.
Ante la falta de insumos en los hospitales para combatir la crisis sanitaria que llegó a nuestro país a finales de febrero, la asociación Mamás Doctoras, A. C., que cuenta con más de 13 mil integrantes, se organizó para adquirir materiales de protección con sus propios recursos.
Lo anterior, debido a que el 70 por ciento de ellas se encuentra atendiendo casos de COVID-19 en varios hospitales de la república.
Casi al concluir marzo, la asociación había encargado 35 mil mascarillas N95, valuadas en 40 pesos cada una, que la compañía se comprometió a entregar a más tardar el 27 de abril.
La organización cubrió casi el 50 por ciento de costo total como anticipo, o sea, alrededor de 700 mil pesos.
Sin embargo, Jamar no entregó los cubrebocas y dio varios pretextos y largas para no devolver el dinero, hasta que finalmente dejó de atender las llamadas.
Debido a esta situación, decidieron proceder legalmente en contra de la empresa.
La asociación denunció que esta situación no solo es frustrante por la pérdida económica que representa, sino que también resulta molesta e indignante, pues al menos tres integrantes de Mamás Doctoras fallecieron de COVID-19, mientras esperaban la llegada de las mascarillas.
Andrea Castro, médica integrante del Consejo Directivo de la asociación, señaló que el reclamo va más allá de la estafa:
“No solo es una cuestión de dinero, sino donde vidas humanas están en juego, las vidas de las doctoras que están dando todo para que el resto de los pacientes y de las personas que están enfrentando al coronavirus puedan recuperar su salud”
Además, el fraude de Jamar afectó a doctoras mexicanas que laboran en el extranjero:
“Muchas de nuestras doctoras pusieron la mitad o su quincena completa para poder comprar, para poder tener equipo de protección personal. Son de todo el país e incluso, como la epidemia todavía estaba muy fuerte en España, doctoras nos pidieron desde allá que si les podíamos hacer compras”
Antonio Juárez Navarro, abogado del caso, dijo que cuatro de las médicas compradoras se contagiaron de COVID-19 en el ejercicio de su profesión, por lo que buscará que Eliseo Gabriel Salinas Treviño, dueño de Jamar, sea acusado por fraude, lesiones y homicidio culposo.
El defensor señaló que la idea de sumar estos delitos surge porque el acusado podría salir bajo fianza, ya que la estafa no es considerada como un ilícito grave.
Asimismo, planteó la necesidad de que el fraude que se cometa contra el personal médico, especialmente en tiempos de pandemia, sea castigado más severamente:
“Es importante hacer presión en los legisladores para que consideren grave el delito de fraude cometido en tiempos de emergencia contra el gremio médico por equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir que se agrave? Que no alcance fianza. Implica que se persiga de oficio, que la autoridad que investiga debe entenderlo como algo que ofende gravemente a la sociedad”
Con información de Excélsior, Infobae y Claro y Directo MX
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