En las últimas horas, comenzó a trascender la noticia de que los diputados del Congreso local de Nuevo León aprobaron reformas a la Ley de Educación para que las y los adolescentes puedan recibir educación antiaborto en las escuelas de nivel básico.
De acuerdo con la información difundida a través de medios de comunicación locales y nacionales, los legisladores modificaron el artículo 7 de la Ley de Educación, que establece lo siguiente:
“La educación que imparta el Estado deberá desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural”.
La modificación a esta ley fue iniciativa de Juan Carlos Leal, diputado del Partido Encuentro Social (PES). La propuesta fue criticada por Ivonne Bustos, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México; y Luis Armando Torres, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que consideraron que era un pensamiento retrógrado.
A pesar de eso, el Congreso de Nuevo León aprobó los cambios a Ley de Educación. Por si esto fuera poco, la idea puso en jaque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que con anterioridad la Constitución local establecía el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
Hasta el corte de esta edición, la SCJN no ha emitido una postura al respecto, por lo que dependerá del criterio que adopten los ministros de la Corte, para que la reforma sea aprobada lo más pronto posible y cobre vigencia en cuanto antes o sea reformulada.
Por otro lado, diversos colectivos feministas pidieron la despenalización del aborto en Guanajuato, cuyo Congreso estatal está discutiendo el tema desde el pasado 20 de mayo.
En octubre de 2018, Isidoro Basaldúa Lugo, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó nuevamente el proyecto de ley para despenalizar el aborto.
Este 2020, los legisladores de Morena Magdalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto Gallardo reavivaron el tema al colocarlo en la agenda estatal.
El objetivo es que las mujeres puedan terminar el embarazo hasta las doce semanas de gestación, ya que actualmente el Código Penal estatal lo contempla como un delito tipificado de los artículos 58 al 158.
Con información de Animal Político El Sol de León y Milenio
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