Un reporte reveló que el sistema legal en México desfavorece a las mujeres, pues reciben condenas excesivas sin importar cuál es su lugar en organizaciones delictivas.
El estudio, elaborado por International Drug Policy Consortium, Penal Reform International y la firma de abogados Linklaters, reveló que las mexicanas son vulnerables ante la aplicación de justicia de nuestro país.
Según precisó el reporte, las cárceles de México han experimentado un aumento significativo en la población femenina, sobre todo en casos relacionados con drogas.
En 2018, World Prison Brief, programa patrocinado por la Universidad Birkbeck de Londres, Inglaterra, señaló que en nuestro país había 10 mil 591 mujeres encarceladas, lo que representa un incremento considerable tras las 6 mil 813 registradas en el año 2000.
Respecto a los delitos relacionados con drogas, las mexicanas están expuestas a ser castigadas con todo el peso de la ley, pues sus condenas van de los diez meses hasta 25 años de cárcel.
Esto se debe a que la Ley General de Salud no toma en consideración las circunstancias sociales de la imputada ni su papel en la cadena delictiva; es decir, no se diferencia entre una delincuente, mensajera o si fue engañada o forzada.
De acuerdo con el reporte, en la mayoría de los casos examinados, las féminas participan en delitos de drogas por presión de sus novios, esposos, o para sustentar económicamente a sus familiares.
Este resultado refleja que además de ser víctimas de violencia, las involucradas en ilícitos de este tipo carecen de educación, tienen bajos ingresos e historial de abusos.
Por si fuera poco, en la mayoría de los casos son la cabeza de su familia y responsables del bienestar económico y moral en el hogar.
En noviembre pasado, María Salguero, activista y autora del mapa de feminicidios en México, afirmó que la mayoría de las mujeres entran al narco por pobreza:
“Probablemente se dedican al crimen porque no les alcanza con lo que ganan en el campo o cualquier otro trabajo. Cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de desigualdad, entonces el reto del Gobierno será cómo le debate al crimen organizado para que las mujeres no terminen dentro de él”
El reporte precisó que, tomar en cuenta estos factores, permitirían que los jueces sugirieran rehabilitación o medios alternativos de readaptación social.
El reporte señaló que este escenario no es exclusivo de México, pues en la mayoría de los países, la legislación y las sentencias no consideran las circunstancias en las que las mujeres cometen el delito, ni el papel que desempeñan.
Sin embargo, en nuestro país el panorama es todavía más crítico, pues en 2016, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) abrió carpetas de investigación por tortura y abuso sexual en mil 651 casos de féminas.
Además de violaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) señalaron que entre los agravios más comunes se encuentran golpes, semiasfixia y descargas eléctricas.
Con información de El Universal, Infobae y Reporte Índigo
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