Carem Ayala, trabajadora del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Guanajuato, denunció que tras exponer casos de COVID-19 en la empresa y el mal manejo de la dependencia, su sueldo se vio afectado.
La trabajadora señaló en entrevista para POPLab que en su última quincena recibió 183.68 pesos, luego de procesar su incapacidad de manera poco transparente, por lo que considera que esto es una represalia en su contra tras señalar públicamente la negligencia del director del C4, Víctor Aguirre Zúñiga y sus principales colaboradores.
Ayala detalló que su recibo de pago únicamente mencionaba el concepto de Subsidio por incapacidad, pero los demás rubros como el Fondo de ahorro, Ayuda para alimentación, Premio por Puntualidad y Asistencia, e incluso, la ayuda para Despensa, que aparecían en todos los recibos previos, habían desaparecido:
“Sí, es que nos la están tomando (la COVID-19) como enfermedad general, y la de RH del C4 dice que solo nos van a pagar el 60 por ciento pero que nos descuentan los tres primeros días”.
El mismo medio contactó a otra trabajadora que también enfermó por coronavirus y que también fue incapacitada; sin embargo, su descuento no fue alto como el de Carem, además de que su recibo contiene todos los de apoyos municipales descritos anteriormente.
Ante esta situación, no duda en decir que es un acto que la empresa tomó en su contra tras denunciar que no tomó las acciones pertinentes para prevenir y atender un brote de COVID-19 en las instalaciones.
“Sé que son represalias”.
Hace unas semanas, Carem Ayala dio a conocer a los medios de comunicación que inició con síntomas de COVID-19 el pasado 15 de mayo durante su jornada de trabajo, pero no se le permitió aislarse como recomiendan las autoridades de salud sino hasta que se confirmó su diagnóstico; no obstante, cuando esto sucedió, ya había contagiado a toda su familia: padres, esposo, hijo, hermana, sobrino y en la empresa se registran más de 40 casos.
Al menos diez empleados, entre ellos Carem, presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría Municipal y la Procuraduría de los Derechos Humanos por falta de protocolos sanitarios y el retraso en su implementación.
Sin embargo, la institución ha mantenido la postura de responsabilizar del brote a los trabajadores, algo que estos niegan rotundamente.
Fuentes: Sin Embargo, am y Noticias Guanajuato
Portada e interiores: Pixabay y Archivo Cuartoscuro